El gremio empresarial pide celeridad al Congreso en la aprobación de una ley que clasifique la extorsión y otros delitos graves como terrorismo urbano.
En medio de la creciente inseguridad ciudadana, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) ha hecho un llamado urgente al Gobierno y al Congreso de la República para acelerar la aprobación de un proyecto de ley que tipifique la extorsión como un delito de terrorismo urbano. Esta demanda surge en respuesta a la ola de violencia e intimidación que afecta a diversas regiones del país, a pesar de que el Gobierno declaró el estado de emergencia en 13 distritos de Lima y uno del Callao.
La CONFIEP advirtió que el crimen organizado está consolidando un "gobierno paralelo", ganando control sobre territorios que deberían estar bajo la autoridad del Estado. Frente a esta situación, el gremio empresarial resalta la importancia de una respuesta coordinada tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo para frenar el avance de la delincuencia.
#Comunicado
— CONFIEP (@CONFIEP) September 27, 2024
🔴Existe un gobierno en paralelo: El crimen organizado, y está ganando la batalla al Estado y destruyendo al país
✅El @congresoperu debe aprobar en el más breve plazo, el PL que tipifica los delitos de extorsión, sicariato y porte de armas de guerra como… pic.twitter.com/01EYSFTdVJ
“El Congreso debe aprobar en el más breve plazo el proyecto de ley que tipifica los delitos de extorsión, sicariato y el porte de armas de guerra como terrorismo urbano”, señaló la CONFIEP en un comunicado. Además, la entidad empresarial subrayó la necesidad de endurecer las penas para aquellos que cometan estos crímenes, con el objetivo de enviar un mensaje claro y contundente de que no se tolerará la violencia ni la impunidad en el país.
La inseguridad ciudadana, especialmente en sectores empresariales y comerciales, ha generado un clima de preocupación entre los inversionistas, quienes consideran vital una respuesta firme y eficaz del Estado para garantizar la estabilidad económica y social del país.
Conclusión
La posición de la CONFIEP subraya la urgencia de actualizar el marco legal para enfrentar los desafíos que presenta el crimen organizado en el Perú. El llamado a tipificar la extorsión como terrorismo urbano busca establecer medidas más severas que protejan a la población y al sector empresarial, promoviendo así un entorno seguro para el desarrollo económico y social. La coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo será clave para frenar el avance del crimen organizado y devolver el control territorial al Estado.
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